No somos vagos ni maleantes. Si el Gobierno teme al pueblo, deben
corregirse para respetar la soberanía popular en vez de criminalizarla.
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Texto que se suscribe:
M.I. MInistro del Interior don Jorge Fernandez Diaz:
La reforma del Código Penal prevé una pena mínima y prisión provisional
para quienes convoquen manifestaciones que sean consideradas como
"violentas" por Internet.
También se criminaliza a protesta civil calificando la resistencia pasiva
como "delito de integración en organización criminal" que podrá ser
penado hasta con 4 años y prisión provisional.
Ante esta reforma es importante recordar el Artículo 21 de la Constitución
Española:
1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de
este derecho no necesitará autorización previa.
2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y
manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá
prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público,
con peligro para personas o bienes.
El Estado español debe garantizar que las personas pueden protestar de
forma pacífica, difundir información y criticar a los propios gobiernos
respecto a la protección o promoción de los derechos humanos.
Estas reformas atemorizan a la población, y les impulsa a no protestar y
aceptar la pérdida de Derechos Fundamentales que se impulsa desde los mercados
financieros, con la complicidad de instituciones europeas, españolas e
internacionales.
Aprobar leyes que fueron derogadas hace 50 años no significará mayor
seguridad para los españoles, ni siquiera para los que no protestan.
Significará aumentar la crispación, la protesta y objeción de conciencia ante
los abusos que maltratan a las personas más débiles de nuestra sociedad.
Sr. MInistro, no apague el fuego con gasolina. Las Instituciones están para
defender a los ciudadanos ante los poderosos, no para ayudar a los poderosos a
quebrar la dignidad de las personas. Si no acepta argumentos lógicos y
razonables, al menos, lea los siguientes tratados internacionales, que son vulnerados
por su reforma, y en cuyo fundamento será denunciado el Reino de España por
Violación de los Derechos Humanos.
Artículos 6, 8 de la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los
Derechos Humanos
Artículo 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
Artículo 6, 8, 12, 19 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos
Artículo 10 y 11 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos
Artículos 1, 5 de la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los
Derechos Humanos