La derecha se radicaliza
Con el
argumento de que no hay dinero todo está permitido. Solo el que paga existe.
Artículo
publicado en “EL PAIS”
Autor:
Josep
Ramoneda - 28 ABR 2012 - 22:53 CET
El Gobierno ha consumado una iniciativa
miserable: el 31 de agosto caducarán las tarjetas sanitarias de los inmigrantes
ilegales. Era un motivo de orgullo para este país: nadie se quedaba sin
atención sanitaria. La salud por delante de las pertenencias nacionales y de
las fronteras administrativas. Se acabó. A los parias, que los cure Dios. Es
una medida injusta, porque nada tiene derecho a condenar a una persona a no ser
atendida sanitariamente. Es una medida oportunista, para dar carnaza a la peor
xenofobia. Es una medida peligrosa, porque puede tener consecuencias sociales y
sanitarias muy negativas. Y es una medida que da la dimensión de la talla moral
del Ejecutivo. Porque las decisiones políticas como las decisiones económicas
también son opciones morales por más que se haya pretendido que la política y
la empresa fueran territorios de excepción, ajenos a las exigencias morales de
la vida civil.
Después de esta fechoría, otra: el Gobierno
decide que los jóvenes con más de 26 años que no hayan cotizado deberán probar
que no tienen ingresos para acceder a la sanidad pública. Con el argumento de
que no hay dinero, todo está permitido. De golpe y porrazo se rompe la
universalidad de las prestaciones del Estado de bienestar y, como se ha dicho
estos días, el derecho a la salud se convierte en un seguro sanitario. Solo el
que paga existe. Lo que fue una conquista de toda la sociedad española lo ha
evaporado una idea nada inocente de la austeridad. El poder recubre todas estas
decisiones con un discurso de choque que solo pretende anestesiar a la
ciudadanía. Pero la estrategia está clara: liquidar las bases ideológicas y el
consenso sobre el Estado de bienestar y consolidar un sistema político que
divida a la sociedad entre los que pueden pagar y los que no pueden pagar.
Estas medidas han venido precedidas de una
reforma laboral, claramente decantada a favor de los intereses del dinero, que,
como era previsible, está dando paro y no empleo; una amnistía fiscal
indecorosa que premia a los defraudadores del fisco en el mismo momento en que
aumenta la presión fiscal, y un cambio legislativo sobre Radio Televisión
Española para convertirla de nuevo en el órgano de propaganda del Gobierno. La
suma de todo ello no puede llevar a engaño. El objetivo es la consolidación de
los privilegios de los que más tienen y el control social a través de la
televisión, tanto la pública como la privada, en manos afines al PP. Un modelo
que, si le añadimos unas dosis de corrupción, se asemeja mucho al
berlusconismo.
Todo ello forma parte de una estrategia
política basada en una ideología que se fundamenta en tres principios: la
sociedad no existe, solo existen los individuos; por tanto, el vecino como
potencial enemigo del bienestar propio. Todo lo que favorece al poder económico
favorece a la sociedad; por tanto, la austeridad rige para todos menos para los más poderosos. Y la economía es lo único
importante, de modo que el primer criterio del Estado debe ser la cuenta de
resultados. Aderezada, por supuesto, con el eterno recurso patriotero: los
españoles primero. Aunque unos más que otros. Habría que recordarles a los
gobernantes de la derecha que, como escribe Tzvetan Todorov, “el objeto del
Estado no es la rentabilidad, sino el bienestar de los ciudadanos”.
Esta
radicalización de la derecha, que se está haciendo extensiva a toda Europa,
acostumbra a edulcorarse con un argumento falso: la distinción entre decisiones
técnicas y decisiones políticas que es propia de unos tiempos en que la
doctrina económica se ha convertido en el principal agente ideológico de la
hegemonía conservadora. El argumento pretende que la política es deudora de
intereses partidistas espurios y que solo cediendo la voz al experto se pueden
tomar las decisiones adecuadas: las que la ciencia exige. De modo que de un solo
golpe hemos sustituido la soberanía ciudadana, como portadora de la última
palabra, por la soberanía del experto. Una de dos: o aceptamos que la
precariedad científica de la economía está probada por su falta de acierto en
la previsión, o aceptamos que cuando se han equivocado ha sido a conciencia
para beneficiar intereses determinados. Ninguna de las dos hipótesis da una
autoridad especial a la ciencia económica sobre la política. En realidad, toda
decisión técnica tiene algún objetivo; por tanto, es política. Pero la aureola
que todavía tiene la ciencia es útil para el político para convertir en verdad
absoluta una afirmación ideológica: “No hay alternativa”.
Comentarios
Del Rojo al Verde (Extracto del artículo)
1. A
los parias, que los cure Dios. Es una medida injusta, porque nada tiene derecho
a condenar a una persona a no ser atendida sanitariamente. Es una medida
oportunista, para dar carnaza a la peor xenofobia.
2. El
Gobierno decide que los jóvenes con más de 26 años que no hayan cotizado
deberán probar que no tienen ingresos para acceder a la sanidad pública
3. El
derecho a la salud se convierte en un seguro sanitario. Solo el que paga existe
4. Una
reforma laboral, claramente decantada a favor de los intereses del dinero, que,
como era previsible, está dando paro y no empleo
5. De
un solo golpe hemos sustituido la soberanía ciudadana, como portadora de la
última palabra, por la soberanía del experto
Pero aún vamos más allá. Lean el
siguiente artículo publicado en “EL PAIS”, 'Primavera Parda' en Europa de Javier
Valenzuela, donde nos describe el avance de la ultraderecha europea al más
estilo fascista y nazi. En sociedades impensables.
Es más, y pronto veremos
esta noticia en la prensa, "se empiezan a hacer listas de ciudadanos por su
condición ideológica". ¿La selección ciudadana y el perseguimiento por tu ideología
empiezan a llegar?
@serviciopublicodeopinióndelrojoalverde